La Comunidad de Madrid continúa con su ofensiva fiscal para contrarrestar los efectos del nuevo impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas y seguir atrayendo a grandes patrimonios. El Consejo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado este miércoles una nueva deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que permitirá que cualquier persona que no haya vivido en España en los cinco últimos años y que quiera invertir en la región central pueda desgravarse el 20% del total de lo invertido repartiéndolo entre sus declaraciones de los siguientes seis años. El objetivo, explica el Gobierno madrileño, es que estos contribuyentes trasladen su residencia fiscal a la comunidad.

Cuando anunció la medida el pasado mes de enero, Díaz Ayuso aseguró que la rebaja permitiría a Madrid confrontar con el Gobierno central y el nuevo impuesto a los ricos, así como aumentar el atractivo para el patrimonio extranjero y revitalizar el resto de bajadas impositivas, con más descuentos en el IRPF y en impuestos como Sucesiones y Donaciones.

La nueva iniciativa, asegura el Ejecutivo de Díaz Ayuso, es pionera en la Unión Europea. Va dirigida a personas que lleven al menos cinco años viviendo fuera de España, quieran invertir y trasladen su residencia fiscal a Madrid. En concreto, detalla el Gobierno regional, estos contribuyentes podrán deducirse el 20% del total de esa inversión, “ya sea en activos financieros como inmobiliarios”. Mientras que estos últimos deberán estar radicados en la Comunidad de Madrid, el resto podrá localizarse en cualquier lugar, “exceptuando los paraísos fiscales”. Este incentivo tributario “se aplicará a partir del primer euro aportado, ya que no se ha establecido ningún tope mínimo ni máximo de cantidad”.

El objetivo es que el cambio fiscal sea de aplicación en este 2023 para que las personas interesadas puedan aplicárselo en la declaración de la Renta del próximo año. La norma, recogida en un único artículo que modifica el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, señala que la inversión sujeta a la bonificación podrá realizarse el año previo al traslado de la residencia fiscal, el mismo año del cambio o el siguiente. Asimismo, la deducción del 20% se podrá aplicar durante el año en el que se hace dicha inversión o en los cinco ejercicios siguientes. “El único requisito es mantenerla durante seis años, así como la residencia fiscal en la región”.

Como límite anual estará la propia cuota de IRPF sobre la que se hace la deducción. Así, si es suficiente para compensar toda la desgravación, se podrá hacer el primer año. En caso contrario, se irá repartiendo a lo largo de los siguientes cinco ejercicios. De esta manera, una persona que invierta un millón de euros se podrá deducir 200.000 euros si su cuota de IRPF para ese año es igual o superior. Si no es así, lo que no se pueda aplicar ese año se repartirá en los cinco siguientes ejercicios.

Según las previsiones del Gobierno regional, la medida supondrá que por cada 1.000 millones de inversión se generarán casi 13.000 puestos de trabajo y 886 millones adicionales al PIB autonómico. “Esto supone más cotizaciones, más consumo y, por tanto, mayores ingresos vía impuestos”, explica el Ejecutivo. En concreto, se estima un aumento de ingresos de cerca de 125 millones de euros.

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