Offshore Leaks, LuxLeaks, SwissLeaks, Papeles de Panamá, Bahamas Leaks, Paradise Papers, la lista Falciani, son solo algunos de los casos conocidos en los últimos años que han servido para conocer la dimensión y la cantidad de dinero que escapa del control fiscal de los estados. Aunque no se conocen datos exactos del dinero que se mueve en las ahora denominadas jurisdicciones no cooperativas, los tradicionales paraísos fiscales, algunos trabajos como el de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, cifra que entre el 8% y el 10% de la riqueza financiera mundial está oculta de las respectivas administraciones fiscales de los estados.

 

En euros contantes y sonantes, a pesar de las dificultades para su evaluación, la cifra, que se baraja al margen de la economía real y que escapa de los controles tributarios, ronda los 7 billones de euros. Y lo que es más problemático, que este dinero vuela hacia estas zonas offshore bajo la protección de complicados entramados jurídicos y económicos que convierten estos activos prácticamente en invisibles a los ojos de las haciendas de los países.

 

Con el fin de tener localizados geográficamente y poder realizar labores de seguimiento de los grandes flujos de capital, el ministerio de Hacienda y Función Pública ha aprobado la Orden por la que se determinan los países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que tienen la consideración de paraísos fiscales en función del nuevo concepto internacional de jurisdicción no cooperativa.

 

En función de este nuevo concepto, contemplado en la Ley de lucha contra el fraude, se actualiza el listado de paraísos fiscales, en el que ahora aparecen 24 territorios, frente a los 48 que aparecían hace más de 30 años, según recoge la orden que se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Con la finalidad de combatir más eficientemente el fraude fiscal, la citada Ley amplió el concepto de paraíso fiscal, adecuándolo al concepto internacional de jurisdicción no cooperativa, y fijó nuevos factores a tener en cuenta.

 

Esto implica una actualización de los criterios para la determinación de los países y territorios que tienen esta consideración, lo que va en línea con los trabajos desarrollados en el ámbito internacional, tanto en el marco de la Unión Europea como en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

 

Según señalan en el ministerio de Hacienda, con ello “se mejora la eficiencia en la lucha contra el fraude, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales”.

 

En la orden publicada en el BOE se recoge que la lista no estará cerrada y se revisará a la vista de las actualizaciones internacionales y de los desarrollos y avances nacionales. En particular, es importante tener en cuenta en la configuración de la lista qué países y territorios están intercambiando de forma efectiva información tributaria con España, puesto que la publicación de la lista debe operar como incentivo para intensificar esa colaboración entre países, promoviendo la transparencia y la tributación justa.

 

La lista de países que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas se ha reducido de los 48 territorios que aparecían hace 30 años a los 24 países y territorios. El nuevo listado lo componen: Anguila, Bahréin, Barbados, Bermudas, Dominica, Fiji, Gibraltar, Guam, Guernsey, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Malvina, Islas Marianas, Islas Salomón, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos de América, Jersey, Palaos, Samoa, por lo que respecta al régimen fiscal perjudicial (offshore business), Samoa Americana, Seychelles, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

 

A lo largo de los años se ha ido reduciendo a medida que se han firmado acuerdos específicos de intercambio de información o convenios para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información.

 

En el nuevo listado no aparece ningún país europeo de los denominados de fiscalidad laxa como Luxemburgo, Países Bajos o Irlanda o Rusia que con la guerra ha cerrado cualquier intercambio de información. Pese a que la idea del empleo de paraísos fiscales siempre va relacionado con el lujo y la riqueza, es algo más habitual de lo que se piensa.

 

Un informe del observatorio de responsabilidad social corporativa de 2015 elaborado con datos de las entidades en sus cuentas anuales, arroja como resultado que las 35 empresas del Ibex-35 tenían presencia en paraísos y sus participadas habían aumentado un 356% desde 2009. Otro informe de Oxfam de 2019, decía que 27 compañías del Ibex tenían 740 filiales en estos territorios.

 

Desde la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), se critica esta nueva lista al considerar que carece de motivación. Así, señala que hasta ahora, cuando un territorio salía de la lista de paraísos, se especificaba el motivo por el que se producía dicha situación, que normalmente tenía como causa la firma de un convenio de doble imposición o un acuerdo de intercambio de información.

 

Como ahora, en virtud de los nuevos criterios para incluir a los países en la lista de territorios no cooperativos son diferentes al mero intercambio de información, los Inspectores consideran que “sería deseable que en la nueva lista se hubieran especificado los motivos, por lo que algunos territorios se han excluido de la lisya, así como los criterios que han motivado la inclusión de otros territorios que no figuraban en la lista anterior”.

 

El plan de erosión de la base imponible y traslado de beneficios BEPS, por sus siglas en inglés de la OCDE, contempla 15 acciones para luchar de forma coordinada entre los diferentes países, contra el fraude y la planificación fiscal agresiva de las multinacionales. El objetivo no es otro que este grupo de corporaciones se vean sometidas a imposición en el lugar donde efectivamente se desarrolla su actividad y se genera valor, impidiendo prácticas agresivas que puedan permitir que los beneficios sean artificialmente deslocalizados a territorios con una menor tributación.

 

El FMI también refleja en sus informes la existencia de territorios que son esencialmente utilizados para canalizar la inversión de entrada y de salida hacia otros países, perdiéndose la fuente original de la propia inversión. Luxemburgo, Países Bajos, Hong Kong, Suiza, Irlanda, Bermudas o Singapur, entre otros, aparecen como los países más agresivos para atraer inversión extranjera directa.